El PSOE pide a la Junta de Castilla y León que se sume a la petición de suspensión inmediata de la reforma de la administración local

La viceportavoz socialista en las Cortes de Castilla y León, Ana Redondo, ha pedido
hoy a la Junta de Castilla y León que "sea valiente y se sume a la petición al
Gobierno de suprimir de manera inmediata la aplicación de la ley de
racionalización y sostenibilidad de la administración local."
Redondo, que ha calificado de "noticia importante? la admisión a trámite por
parte del Tribunal Constitucional del conflicto en defensa de la autonomía local
contra la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, "ley
que afecta muy directamente a los municipios de Castilla y León" señala en este
sentido que "por primera vez en nuestra Comunidad, decenas de municipios, que
representan a cientos de miles de ciudadanos de Castilla y León, han recurrido la
conocida como ley Montoro para defender sus pueblos frente al ataque que dicha
ley supone a la gobernabilidad municipal."
"El Tribunal Constitucional ha entendido que hay indicios racionales de
inconstitucionalidad en la ley Montoro", subraya la viceportavoz del Grupo
Parlamentario Socialista quien tras señalar que "desde el principio el PSOE se ha
opuesto frontalmente a la reforma de la administración local por tratarse de una
reforma que ataca de raíz el gobierno municipal y ya ha pedido la suspensión
inmediata de su aplicación", insta a la Junta que "se sume a la voz de los
socialistas y de los municipios de Castilla y León y se una a la petición de
suspensión de una ley muy dañina especialmente en Castilla y León por suponer
"un ataque directo a los pequeños municipios y al mundo rural."
"Lo que estamos pidiendo a la Junta de Castilla y León es que apueste de verdad
por los municipios y, puesto que ya ha aprobado leyes propias para anular los
efectos de la ley Montoro, sea también valiente y lidere en la Comunidad la
petición al Gobierno de suspensión inmediata de la aplicación de la reforma local
una vez que el Tribunal Constitucional ha entendido que contiene indicios
racionales de inconstitucionalidad", concluye.