El Consejo de Gobierno aprueba como medida de reforma de la Administración autonómica el decreto que modifica la Comisión Delegada para Asuntos Económicos

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que la Junta de Castilla y León dispondrá de una única Comisión Delegada de Asuntos Económicos, cumpliendo así con una de las 65 medidas de reforma de la Administración autonómica planificadas por el Ejecutivo.

El texto recoge la modificación del Decreto 86/2007, de 23 de agosto, sobre la creación y regulación de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y, al mismo tiempo, deroga el Decreto 85/2007, de 23 de agosto, referente a la Comisión Delegada de Política Territorial y Desarrollo Rural.

La Comisión Delegada de Asuntos Económicos resultante de esta reforma amplía su composición y asume nuevas funciones relativas a desarrollo rural.

Esta comisión coordina las actuaciones para promover el desarrollo económico de la Comunidad y aquellas actuaciones cuyos objetivos sean la creación de empleo sostenible, con especial atención al medio rural; y además, considerando la obligación de cumplimiento del marco de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Asimismo, entre sus funciones se halla la de fijar los criterios económicos para la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad -sin perjuicio de las competencias de la Consejería de Hacienda-, cumpliendo los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

De la Comisión Delegada para Asuntos Económicos depende el conocimiento previo a tramitación y aprobación de los programas de inversiones públicas plurianuales; los planes, programas y acciones significativas, proyectos de disposiciones generales y anteproyectos de ley -especialmente los vinculados con materia económica, empleo desarrollo rural, tributario, estadístico o presupuestario-; los programas operativos comunitarios y su modificación, etc.

Con las novedades introducidas hoy, esta comisión única analizará los planes y proyectos regionales y los planes de desarrollo regional, las bases de negociación, preacuerdos y acuerdos significativos con organizaciones sindicales y sociales, incluyendo aquellos que tengan como finalidad potenciar el desarrollo rural, los convenios de colaboración que tengan por objeto el desarrollo rural sostenible, cuando sea necesaria autorización de la Junta de Castilla y León y las convocatorias de ayudas reembolsables o de préstamos.

Finalmente, dicha Comisión Delegada realizará informe de la propuesta de la Consejería de hacienda concerniente al importe máximo de las operaciones de endeudamiento de la Comunidad que se formalicen en el ejercicio.

El consejero de Economía y Empleo preside la Comisión Delegada en la que también participan la consejera de Hacienda ?en calidad de vicepresidenta-, y los consejeros de Fomento y Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Cultura y Turismo, la viceconsejera de Política Económica, Empresa y Empleo y, a partir de la modificación aprobada hoy, la Viceconsejera de Desarrollo Rural.

Reforma de la Administración autonómica

La Consejería de la Presidencia ha impulsado esta medida, incluida en el conjunto de 65 propuestas de reforma de la Administración autonómica aprobadas en el último Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. La racionalización de órganos colegiados de gobierno indicada en el documento busca la agilidad en los trámites internos, algo que se logra con modificaciones como esta.

El Gobierno de la Comunidad ha marcado un calendario de ejecución de 13 medidas institucionales y organizativas, 24 medidas de coordinación y reducción de duplicidades, 24 medidas de modernización y cuatro medidas de reestructuración del sector público.

Las 65 medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León aprobadas se estructuran en cuatro apartados: medidas institucionales y organizativas, medidas de coordinación y reducción de duplicidades, medidas de modernización administrativa y medidas de reestructuración del sector público.

Cada uno de dichos apartados incluye las actuaciones ya realizadas y recoge las medidas propuestas indicando asimismo el plazo de ejecución y el órgano responsable de su ejecución.