La Junta compensará a los pacientes si finalmente se aplica el copago hospitalario

El Gobierno autonómico estudia todas las fórmulas que, dentro de la Ley, permitan que el coste de los medicamentos hospitalarios no recaiga en los pacientes.

Pese a la desestimación de la medida cautelar, el recurso contencioso administrativo sigue su curso.

Tras la desestimación de la medida cautelar que solicitaba la Junta de Castilla y León para suspender la resolución que regula el nuevo copago hospitalario, el Gobierno autonómico analiza ya posibles fórmulas, siempre dentro de la Ley, para hacerse cargo de los costes que esta medida suponga al ciudadano, en el caso de que finalmente la misma tuviera que aplicarse.

El Gobierno regional tiene en cuenta que los 8.453 ciudadanos afectados en Castilla y León por esta resolución son pacientes con enfermedades graves que deben seguir y completar sus tratamientos, y además considera que esta medida de copago hospitalario supondría serias desigualdades y rompería la equidad del Sistema Nacional de Salud.

Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado la medida cautelar de suspensión de la resolución de 10 de septiembre de 2013, la tramitación del recurso contencioso administrativo continúa su curso. A la espera de la resolución del mismo y del pronunciamiento sobre el fondo del asunto, y en el caso de que el TSJM lo desestimara, se aplicarían estas medidas compensatorias.

Desde el primer momento, la Junta de Castilla y León manifestó su desacuerdo con esta Resolución de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia al considerar su escaso impacto económico (unos 200.000 euros anuales, es decir, el 0,07 % del gasto farmacéutico hospitalario) y las características de los fármacos sometidos a este copago, la mayoría de ellos relevantes para tratar enfermedades graves.

Por ello, se presentó en primer lugar un requerimiento previo a la Administración del Estado para que la revocara o la anulara y después un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Los motivos de esta impugnación eran que no puede considerarse que una resolución administrativa tenga rango suficiente para cambiar las condiciones de financiación de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud.

También se consideró que la Dirección General de Farmacia no tiene competencias para actuar en este sentido.

Y, finalmente, se argumentó que los criterios técnicos utilizados para la selección de los medicamentos que tienen este tipo de aportación dan lugar a inequidad en pacientes con el mismo tipo de patología, y pueden generar desigualdad de derechos de los ciudadanos en función del territorio donde vivan.

La Junta de Castilla y León ha adoptado todas las medidas posibles y ha puesto de manifiesto una posición congruente, llegando hasta el final en la defensa de los intereses de los ciudadanos de la Comunidad.

Hasta el momento, y pese a que en principio debía haberse iniciado el 1 de enero de 2014, ninguna comunidad autónoma está aplicando esta resolución, o bien por desacuerdo con la misma, o bien por las dificultades técnicas que supone su puesta en marcha.