El Ayuntamiento asume la decisión del Consultivo de declarar nulo un convenio urbanístico de la legislatura popular 2003-2007

La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible ha aprobado la revisión ordinaria de las tarifas del tanatorio municipal, a las que se les aplicará un 2,7%, y ha acordado desestimar, también por unanimidad, la petición de desequilibrio económico, en torno a 100.000 euros al año, solicitada por la empresa adjudicataria en virtud del informe de los técnicos.

Este informe argumenta que no se produce tal desajuste entendiendo que ni la administración ha modificado por razones de interés general las condiciones de explotación de la obra, ni han concurrido causas de fuerza mayor o actuaciones que determinen de forma directa la ruptura de la concesión ni tampoco se dan los supuestos del contrato para el desequilibrio.
Por otro lado, la Comisión ha conocido el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León referente al convenio urbanístico de los Altos de San Francisco 2 rubricado en la legislatura 2003-2007 con el gobierno popular que refleja la venta de una parcela municipal a la empresa Aranga por 700.000 euros.

Esta consulta arranca en virtud de la resolución judicial que instaba al Ayuntamiento a declarar nulo este acuerdo tras ser solicitada su revisión y le instaba a dirigirse al Consultivo.

El dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León determina que "procede la nulidad de pleno derecho del acuerdo de mayo de 2007" referido al mencionado convenio urbanístico.

De acuerdo a este informe, la secretaría general del Ayuntamiento concluye que "ante la contundencia del dictamen del Consejo Consultivo, seguir manteniendo la validez del convenio sólo conducirá a un largo proceso judicial que casi con toda seguridad acabaría en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que reproduciría punto por punto las conclusiones del Consultivo".

Luis Rey ha recordado que "aunque el Consejo Consultivo no es vinculante, hoy hemos acordado también por unanimidad comenzar a trabajar en una solución a este convenio y no seguir litigando".

Este dictamen ha sido aprobado en la Comisión y se traducirá en la firma de un nuevo convenio o reorganización de la parcela. El dictamen considera entre sus apreciaciones el convenio inválido porque debían haberse construido viviendas de protección oficial, tenía que haberse publicado el convenio y la tercera razón se refiere a que no obra en el expediente informe de valoración de la parcela que justifique los 700.000 euros.

"En una parte importante se sigue discutiendo desde los servicios técnicos municipales y con razón en algunos puntos, pero hemos llegado a la conclusión de que el Juzgado nos ha instado a acudir al Consultivo y ahora que lo declara nulo no tiene sentido empecinarnos en un procedimiento judicial", ha recalcado.

Luis Rey, a preguntas de los periodistas sobre la nulidad de este convenio, ha lamentado este nuevo revés ligado a la "herencia" económica y urbanística de corporaciones anteriores y ha subrayado las consecuencias de este tipo de acuerdos para la tesorería municipal.

El concejal de Hacienda ha rememorado algunos casos, cuyo coste ha tenido que asumir el actual equipo de Gobierno, como el pago de las expropiaciones del polígono Las Casas con un gasto extra para las arcas municipales de 946.473 euros, del colegio Infantes de Lara (439.800 euros más 100.000 de la revisión de precios), de la ampliación del Ayuntamiento (tanto por el desvío de obra como el modificado 719.457 euros), "una obra que se disparó del presupuesto inicial y más que discutible?), la "pérdida" de una parcela municipal con la firma de un convenio con Campofrío (563.000 euros), de los depósitos del Castillo (100.000 euros por una ampliación de obra sin contrato y que inicialmente suponía 210.000), o el ya mencionado convenio de los Altos de San Francisco que ahora se declara nulo según lo que dictamina el Consultivo (700.000 euros).

El concejal ha matizado que "hay cantidades abonadas o pendientes de abonar que también tendremos que negociar con la Comunidad Autónoma ya que algunas son obras que también les competen".

Rey ha sido tajante al señalar que la cifra asciende a "3.568.730 euros, más de 3,5 millones derivados de la gestión del Partido Popular en el Ayuntamiento y que nos está tocando pagar ahora a todos los sorianos, en muchos casos por resolución judicial. Además de la merma económica supone un desgaste importante para este equipo de gobierno que debe asumir estos problemas heredados".