Llevan a la Fiscalía del TSJCyL las supuestas irregularidades en empresas públicas de la Comunidad

Representantes del Partido Castellano (PCAS) han representado una denuncia en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, por la presunta comisión de actividades potencialmente constitutivas de delito por parte de los responsables de las empresas públicas de la Comunidad.

La denuncia tiene por objeto investigar hechos ocurridos en Provilsa, Somacyl, ADE Parques y ADE Financiación durante los ejercicios económicos 2010 y 2011, tras el informe de fiscalización presentado recientemente por el Consejo de Cuentas de Castilla y León y que, según el PCAS, podrían ser constitutivos de delitos de administración desleal, tráfico de influencias, estafa, malversación de fondos públicos y prevaricación, tipificados todos ellos en el Código Penal.

En concreto, los castellanistas, tal y como apuntan a través de un comunicado, basan su denuncia en que entre 2010 y 2011 los responsables de estas empresas cometieron reiteradas irregularidades en las contrataciones realizadas, con un funcionamiento claramente al margen de la ley e incumpliendo de manera abusiva la Ley de Contratos del Sector Público.

Para el PCAS, estas empresas incumplen la obligación legal de comunicar los contratos al Consejo de Cuentas y al registro del Ministerio de Hacienda, según lo establecido por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

En los contratos analizados por el trabajo de auditoría, tanto de Provilsa como de Somacyl y ADE Parques, no se establecen los criterios mínimos de solvencia ni se detallan los criterios de valoración de las ofertas presentadas en los pliegos.

Por su parte, ADE Financiación no elaboró pliego de condiciones en su único contrato superior a 50.000 euros y existe coincidencia en el objeto de la contratación en cinco de los trece contratos menores examinados.

"Demoledores"

Para el PCAS los informes "son demoledores y ponen en cuestión total la gestión de las empresas ADE, Provilsa, y Somacyl, ya que no respetan los principios de concurrencia y libertad de acceso, publicidad y transparencia en la contratación de obras y servicios, poniendo también en cuestión los sistemas de selección de su personal y sembrando sombras de sospecha igualmente sobre los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones que han practicado y practican".

Por ello, el partido castellanista confía en que la Fiscalía Superior de Castilla y León investigue la gestión de estas empresas públicas, cuyos responsables han sido designados directamente por la Junta de Castilla y León y que han cobrado sueldos incluso superiores a los 150.000 euros anuales, y que audite los contratos realizados, las subvenciones concedidas, las adquisiciones materializadas y los gastos realizados.

Dicha formación recuerda que en el periodo auditado 2010-2011, dichas realizaron casi 300 contratos y manejaron presupuestos cercanos a los 270 millones de euros.

Finalmente, el PCAS apunta que las evidencias muestran que la gestión de estas empresas públicas, al tiempo que se desarrolla al margen de la ley, "pueden ser un caldo de cultivo partidista para casos de nepotismo y corrupción", y un "despilfarrando el dinero público en sueldos escandalosos para sus responsables y generando una profunda irritación en la ciudadanía que comprueba la pésima gestión del dinero público por los responsables de la Junta de Castilla y León".