El PSOE a favor de proteger nuestros montes se opone a la futura ley que será nociva para Soria

El PSOE presenta enmienda de devolución a la ley de montes del PP por perjudicar a la protección ambiental"

El texto del PP "da barra libre al fracking" que tanto perjudica a la provincia, permite contaminar más y retroceden los sistemas de reciclaje

Según Lavilla, el PP es "enemigo" del Medio Ambiente, ahí tenemos "la urbanización del Duero", el fracking y el abandono a las políticas de proteger el monte creando empleo en el medio rural
Los dos proyectos de fracking afectan a 40 localidades sorianas
Se abre la puerta a construir en los montes incendiados, frente a la prohibición actual de 25 años.
El PSOE de Soria organizará unas Jornadas de trabajo sobre la Ley de Montes

El Diputado del PSOE por Soria, Félix Lavilla informe de la "enmienda de devolución al "Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes" del Gobierno del PP, cuyo contenido, de aprobarse, tiene una "nefasta" incidencia en la provincia de Soria

En este sentido, Lavila considera que "la reforma de la Ley de Montes se convierte en un episodio más de la larga serie de degradaciones de la protección que viene perpetrando este Gobierno a lo largo de toda la legislatura, basada en el desmantelamiento, pieza a pieza, de un sistema avanzado de protección ambiental. Han seguido un plan sistemático de reforma legal que ha seguido un proceso de privatización, mercantilización y precarización del medio ambiente. Han degradado la protección de la costa, han relajado los controles en la evaluación ambiental, permiten contaminar más, retroceden en los sistemas de reciclaje, bendicen el fracking".

Esta técnica "agresiva" que daña manantiales y puede provocar terremotos, tiene también otro soporte en el proyecto de Ley de Hidrocarburos que también impulsa al Gobierno el PP y en el que el PSOE ha anticipado una enmienda de prohibición total del fracking.

El diputado socialista recuerda que hoy en día, por imposición del PP, se están tramitando a marchas aceleradas, y despreciando la opinión de los vecinos y del PSOE, dos proyectos de fracking en la provincia de Soria denominados "PIH CRONOS" y "PIH EDISIÓN" afectando a 9 localidades sorianas en la comarca de Arcos de Jalón y a 37 en un extenso territorio que va desde la zona del Piqueras, pasando por Tierras Altas, hasta el valle del Alhama y la zona de la Sierra del Madero; todo un despropósito medioambiental.
A las 40 localidades sorianas afectadas hay que sumar otras 3 en la provincia de Guadajalara y 3 en La Rioja
En un sentido paralelo al de la devaluación del mercado laboral, sin duda el plan trazado era también conseguir degradar la protección ambiental, de forma que los costes ambientales en España se equiparen a los de países en desarrollo. El Gobierno del PP ha hecho que nuestra competitividad para empresas se base en poner los costes laborales y los costes ambientales a precio de saldo.

La Ley de montes es la última que ha remitido el Gobierno al Congreso y se trata de otra Ley que va en la dirección contraria a la que debiera. Partiendo de la escasa justificación para abordar una reforma cuya necesidad es completamente discutible, existen numerosas cuestiones que demuestran que el sentido de la reforma resulta equivocado. Como ya resulta habitual desde el menosprecio de lo público, introducen gestión privada en los montes. En lugar de realizar una planificación adecuada de las especies que mejor pueden adaptarse a cada hábitat, potencian la plantación de especies de rápido crecimiento. En lugar de realizar una planificación adecuada de los usos y una adecuada ponderación de lo que significa cada actuación potencialmente agresiva, escudándose en la reducción de cargas administrativas, desaparecen autorizaciones antes necesarias, por ejemplo, para la tala de árboles. Se olvidan que los trámites administrativos que deben desaparecer son los innecesarios.

Junto con las anteriores, una de las cuestiones que nos parecen del todo inaceptables es el menosprecio a la autoridad de los agentes forestales o agentes medioambientales. De aprobarse este Proyecto de Ley, se dificultaría enormemente su actuación de denuncia de delitos. Además, la explícita subordinación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en concreto, a la Guardia civil, merma de forma importante la capacidad de denuncia y actuación para prevenir y perseguir delitos. No se trata aquí de qué funcionarios están mejor preparados o son más competentes, no se trata de dividir, sino de sumar.

En lugar de coordinar actuaciones que pueden coincidir en planos de igualdad en aras a la mejor protección del bien ambiental, se ha preferido borrar de un plumazo capacidades y competencias que pueden ser decisivas en la persecución de delitos ambientales. No debe olvidarse que la Comunidad Autónoma de Madrid trató de eliminar en su legislación autonómica el carácter de agente de la autoridad de los agentes forestales, algo que el Tribunal Constitucional impidió, anulando esa norma.

En la propia definición de los agentes forestales desaparece la calificación como funcionarios, algo que no sabemos si se trata de una cuestión que podría esconder también futuros objetivos de la privatización de las tareas de vigilancia y seguridad de los bosques.

Junto con la degradación, quien sabe si privatización, de los agentes, otra de las cuestiones completamente imposibles de justificar es la posibilidad de recalificar terrenos incendiados. Que la quema de un bosque pueda tener como consecuencia a medio plazo la urbanización de esos terrenos quemados, supondría dar alas a los delincuentes y especuladores. Desde la aprobación de la Ley de Montes en 2006, el Partido que soporta al Gobierno había cuestionado esta prohibición. Varias Comunidades Autónomas intentaron incorporar excepciones como las que hoy incorpora el Proyecto de Ley para seguir manteniendo la posibilidad de recalificación, algo que en su día había propiciado especulaciones aberrantes.

El actual Gobierno de España, se ha empeñado en construir un modelo de economía ?desigual?, que desprecia las energías renovables, que privatiza bienes públicos ambientales, que los degrada y pone al servicio de intereses privados. Las leyes ambientales del Gobierno, además de recortar el acceso pleno al valioso capital natural español, es contrario a las orientaciones de la Unión Europea que persiguen precisamente la preservación de la biodiversidad, y desaprovechan, en cada iniciativa, la oportunidad de actuar de forma decidida en la lucha contra el cambio climático.

Además, según señala el diputado socialista, Félix Lavilla, ?no habrá dinero para los montes, no hay nada más que leer la Disposición final tercera, que expresamente dice que la aplicación de esta ley no supondrá coste alguno?.




A juicio del diputado socialista Félix Lavilla, ?invertir en proteger nuestros montes, implicando a los vecinos y los municipios de la zona, es la mejor forma de proteger el Medio Ambiente, generar riqueza y futuro para la provincia, todo lo contrario a lo que inspira este nefaso proyecto de ley del PP, que hay que combatir, por eso el Grupo Parlamentario Socialista propone la DEVOLUCIÓN al gobierno del Proyecto de Ley de Responsabilidad Ambiental?