Se reconocen nuevos derechos que sentarán las bases de la atención social del siglo XXI en Castilla y León

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Castilla y León, una normativa que dará respuesta a los nuevos retos del siglo XXI en atención social. El texto, que sustituirá a la anterior Ley de Acción Social y Servicios Sociales de 1988, da respuesta al mandato estatutario reconociendo toda una serie de nuevos derechos para los ciudadanos de la Comunidad. Su aprobación es uno de los compromisos del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para esta legislatura. En Castilla y León se reconocen, por tanto, una serie de derechos además de los contemplados en la Ley de Dependencia y que son exclusivos en materia de servicios sociales, como la teleasistencia a todos los mayores de 80 años, la atención temprana a niños y niñas con discapacidad, el Ingreso Mínimo de Inserción y ayudas para necesidades básicas, y las medidas específicas de protección de menores de edad en situación de riesgo o desamparo.

La necesidad de una Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia se deriva de los importantes cambios sociales que se han producido desde 1988, año de aprobación de la Ley de Acción Social y Servicios Sociales, a todas luces insuficiente ante un nuevo escenario social determinado por fenómenos como la inmigración, el envejecimiento, las nuevas formas de exclusión social o los retos derivados de la igualdad de oportunidades. El texto de la nueva Ley, que ha sido elaborado con una amplia participación de los agentes sociales de la Comunidad de Castilla y León, reconoce una nueva generación de derechos sociales entre los que figuran el derecho a la información, orientación y asesoramiento; el derecho de valoración, planificación de caso y seguimiento, el Ingreso Mínimo de Inserción y ayudas para necesidades básicas de subsistencia urgentes, medidas específicas para la protección de menores en situación de riesgo o desamparo, atención temprana a niños y niñas con discapacidad o riesgo de padecerla.

La atención comprenderá como mínimo la prevención, detección precoz, diagnóstico y atención de casos, teleasistencia, ayuda a domicilio, atención en centros de día y de noche, atención residencial, prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, prestación económica de asistencia personal, servicios de prevención de las situaciones de dependencia y de promoción de la autonomía personal, y prestación económica vinculada cuando no sea posible el acceso a un servicio público concertado. En Castilla y León se reconocen de esta forma una serie de derechos además de los contemplados en la Ley de Dependencia y que son exclusivos en materia de servicios sociales, como la teleasistencia a todos los mayores de 80 años, la atención temprana a niños y niñas con discapacidad, el Ingreso Mínimo de Inserción y ayudas para necesidades básicas, y las medidas específicas de protección de menores de edad en situación de riesgo o desamparo.

Entre las novedades más importantes del texto aprobado hoy cabe destacar que se supera el concepto asistencial de los servicios sociales para configurar el derecho de acceso a las prestaciones esenciales como un derecho subjetivo, se fijan los derechos y los deberes de los ciudadanos con respecto a los servicios sociales, se garantiza el acceso a las prestaciones en los supuestos de carencia de recursos, se considera a los servicios sociales como una fuente de riqueza y empleo, se crea el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, se regula el catálogo de servicios sociales de ámbito autonómico, en el que se recogerán, calificarán, definirán y determinarán las prestaciones del sistema de servicios sociales, y se contempla la posibilidad de que las entidades locales competentes aprueben catálogos en sus respectivos ámbitos.

En materia de familia, el Consejo de Gobierno ha aprobado también la concesión de subvenciones por un importe superior a 1,7 millones de euros para actividades destinadas a fortalecer la atención a las mujeres víctimas de violencia de género en Castilla y León y la igualdad entre mujeres y hombres, y el segundo es una inversión de 831.395 euros que se destinarán a financiar distintas actuaciones que permitan fortalecer la atención a personas mayores en la provincia de Ávila.

Economía
El Consejo de Gobierno ha aprobado diferentes aportaciones por un importe total de 31.407.854 euros que financiarán programas de actuación que llevarán a cabo la Fundación Adeuropa con 3.000.000 euros, Ade Internacional Excal con 14.111.854, Ade Financiación 13.296.000 y CEEICAL con un millón de euros.

Agricultura
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto que determina el uso de la marca ?tierra de Sabor? en las actividades institucionales de promoción de los productos agroalimentarios y deroga el Decreto 6/2005 que establecía el distintivo de calidad para los productos agroalimentarios de Castilla y León. La norma regula el uso de la nueva marca de alimentos, conforme a la normativa en materia de publicidad institucional, ajustándose al modelo y condiciones técnicas y gráficas recogidas en el manual de identidad y uso de la marca, así como a las normas sobre el uso y las aplicaciones de la ?Marca Territorio Castilla y León? y su estrategia de implantación.

Educación
En materia de educación, el Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 4.835.172 euros para la construcción de un nuevo centro de educación infantil y primaria (CEIP) en Zaratán (Valladolid) con el que se garantizará la respuesta a la alta demanda de escolarización del alumnado en esta localidad; y la integración del centro de Educación Especial 'Reina Sofía' y del centro de Formación Profesional de la diputación de Salamanca en la estructura de la Administración Autonómica.

Otros acuerdos
El Consejo de Gobierno, asimismo, ha aprobado otros acuerdos entre los que figuran el "Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones", la adecuación a la categoría de monumento, del bien de interés cultural Fuerte de San Carlos, en Carbajales de Alba, (Zamora), delimitando también su entorno de protección para preservar los valores del enclave; y varios cambios de titularidad en diferentes tramos de carreteras de las provincias de León, Soria y Burgos.